🇸🇻🤔¿Un Estado carcelero por contrato? El Salvador como 'arma' de Trump
✍️ Opinión por
Carmen Parejo RendónEn un mundo donde las fronteras físicas se militarizan y los derechos humanos se relativizan según el pasaporte del detenido, la externalización punitiva se ha convertido en la nueva herramienta del imperialismo para mantener el control sin asumir costos políticos ni legales.
Bajo esta lógica, el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha dado un paso más allá: no solo acepta el rol de gendarme regional, sino que se ofrece como prisión tercerizada del Norte Global, deteniendo en su territorio a migrantes deportados desde Estados Unidos, sin juicio previo ni debido proceso.
En este esquema, el migrante no es sujeto de derecho, sino una mercancía geopolítica. Y el Estado salvadoreño, lejos de ser soberano, se convierte en el operador logístico de una arquitectura represiva transnacional, donde los muros son más rentables cuando están lejos de casa.
El megaproyecto penitenciario del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), inaugurado por Bukele en 2023, se presenta ante el mundo como un emblema de eficiencia represiva. Con capacidad para 40.000 presos, vigilancia extrema y ausencia total de derechos básicos, este centro ha sido denunciado por múltiples organismos internacionales por prácticas inhumanas, condiciones degradantes y tortura sistemática.
El Salvador se consolida como plataforma regional de castigo, aceptando funciones penitenciarias extranjeras que lo sitúan peligrosamente en el terreno del "Estado carcelero por contrato".
Pero lejos de esconderlo, Bukele lo promociona como un modelo exportable, un "producto salvadoreño" que Occidente puede alquilar para gestionar lo que ya no quiere ver ni tratar. En este contexto, el acuerdo reciente con Estados Unidos para recibir a migrantes deportados, incluso sin cargos judiciales en El Salvador, revela un salto cualitativo: el país se consolida como plataforma regional de castigo, aceptando funciones penitenciarias extranjeras que lo sitúan peligrosamente en el terreno del "Estado carcelero por contrato".
Si la esencia de la soberanía radica en la capacidad de un Estado para ejercer justicia en su territorio según su propio marco legal, cuando el castigo se aplica por encargo, sin juicio, sin pruebas, sin defensa ni acusación formal, esa soberanía se vuelve una fachada.
En el caso salvadoreño, no solo se ha cedido territorio para el encarcelamiento de ciudadanos extranjeros sin delito cometido en suelo nacional, sino que se ha desmantelado el principio básico del debido proceso. No se trata ya de cooperación judicial entre países soberanos, sino de subordinación estructural a una potencia extranjera que dicta quién debe ser castigado y cómo, mientras que la legalidad salvadoreña simplemente se convierte en irrelevante. En ese sentido, esta 'alianza' escenifica una nueva inserción funcional de los Estados periféricos dentro de la maquinaria coercitiva de un imperialismo en crisis, que busca externalizar no solo las guerras, sino ahora también las prisiones.
Pero no nos engañemos: pese a la propaganda, Bukele nunca ha defendido un Estado fuerte, sino que es el tipo de administración dócil que tanto gusta a los amos de siempre, capaz incluso de alquilar su sistema penitenciario para consolidar su papel como instrumento geoestratégico del castigo imperialista, contra las —estas sí— naciones soberanas, como es el caso de Venezuela.
Esta 'alianza' escenifica una nueva inserción funcional de los Estados periféricos dentro de la maquinaria coercitiva de un imperialismo en crisis, que busca externalizar no solo las guerras, sino ahora también las prisiones.
En ese sentido, la decisión de encarcelar a 252 venezolanos sin ningún tipo de resolución judicial local, como denunció el fiscal venezolano Tarek William Saab, no es solo una anomalía, sino que pone en evidencia esta política sistemática donde la legalidad de los Estados se supedita al mandato de las potencias occidentales.
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